Ramos, según relató Jacobo Córdoba Chirino en su libro “Los que murieron en la horca”, tuvo una disputa laboral con uno de sus supervisores, por lo que se armó de un machete y lo decapitó.
El 15 de septiembre de 1927, al momento de su ejecución, Ramos estaba enfermo de sífilis y tuvo que ser sostenido por guardias para subir los peldaños que lo llevarían a la horca. Antes de morir, recibió la confesión y pidió a su verdugo que lo dejara terminar de orar antes de morir.
La ejecución de Ramos no fue un espectáculo público como fue el caso de Carlos Arocho y Jacinto Clemente, acusados de violar y estrangular a una joven de 14 años en un cañaveral de Río Piedras, y ejecutados el 20 de julio de 1927.
Este caso es uno de los más recordados, y por error, mencionado como el último en el que se aplicó la pena capital.
Perdonan al último condenado
A pesar de ser el último en ser ejecutado, Ramos no fue el último hombre en ser condenado a la pena de muerte. En el 1928, Alfonso López, de 24 años, se salvó de morir a manos del Estado gracias a las controversias legales que rodearon su caso.
López, convicto por asesinato, salió en libertad por su buena conducta en el 1951, tras cumplir casi 24 años de cárcel.
En el 1929 el gobierno de Puerto Rico prohibió la pena de muerte, medida que más tarde fue proscrita en la Constitución del Estado Libre Asociado.
Desde entonces, los únicos casos de pena de muerte en la Isla se han ventilado en el Tribunal Federal, en virtud de una ley aprobada en el 1994, que expandió las causas para impartir el castigo letal en todas las jurisdicciones estadounidenses. Aun así, hasta el momento, ningún jurado puertorriqueño ha optado castigado a un convicto con la pena capital.
Esta nota recopila información de reportajes previamente publicados en El Nuevo Día.
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